Software ilegal y la evasión fiscal

El uso de programas piratas o software ilegal en las empresas es una práctica que no solo afecta sus procesos, sino que cae en la evasión fiscal.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó los resultados del estudio de impacto fiscal derivado del uso y comercialización de software ilegal. Entre los resultados obtenidos destaca que la evasión fiscal asociada a esta práctica se estima en más de 2 mil millones de pesos entre 2009 y 2014 y que el 15% de los paquetes de software instalados en las empresas no tienen licencia.

Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP, detalló que entre las conclusiones de la investigación se encuentra que el 32% de las empresas utilizan softwares ilegales o piratas. El valor del mercado ilegal de software se estimó en alrededor de 4 mil 577 millones de pesos en 2014.

Asimismo, informó que entre los principales resultados de la investigación se detectó que del total de las empresas que instalaron por lo menos un paquete de software de forma ilegal, poco más del 40% del software que tienen es ilegal. El estudio mostró también que no siempre la empresa es responsable por la instalación de este tipo de programas piratas, sino que son sus empleados quienes consiguen el software y lo instalan en sus equipos.

El estudio se desarrolló a petición del SAT, en el ámbito de sus atribuciones, con el propósito de conocer con mayor detalle los niveles de evasión fiscal por el uso de software sin licencia. Adrián Guarneros Tapia, Administrador General de Planeación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), comentó que este tipo de estudios sirven para entender diversos fenómenos de evasión de impuestos, con el propósito de tomar acciones y medidas para combatirlos. Reiteró el compromiso del SAT para continuar fortaleciendo los mecanismos de coordinación con otras instituciones, tanto del sector público, como privado e instituciones académicas, para seguir avanzando en el combate a las conductas ilegales.

Entre las recomendaciones que señala el estudio se encuentra el exigir a las empresas que prestan servicios al sector público o están relacionadas con él, cuenten con licencias de sus programas; además, los prestadores del servicio de diseño y edición de software, deberán utilizar plataformas de software legal para trasladar a sus clientes las garantías y actualizaciones del mismo.

Además, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sea la autoridad que desarrolle mecanismos para la selección de empresas que sean sujetas a revisión, además de seguir siendo la única autoridad con las facultades para realizar inspecciones en las empresas para así promover el uso de software legal.