Isuacell pierde amparo contra CFDIs

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la obligación de expedir comprobantes fiscales digitales, vigente desde enero de 2014.
La Segunda Sala de la Corte negó el amparo promovido por filiales de Iusacell que alegaron que la obligatoriedad de los comprobantes fiscales por internet (CFDI) para poder realizar deducciones y acreditaciones de impuestos viola derechos humanos, debido al rezago tecnológico y de acceso a internet en el País.

Los Ministros determinaron que el comprobante digital es un requisito razonable para verificar la veracidad de las operaciones y evitar la evasión, mismo que se ha venido implementando en el País desde hace 15 años, cuando se instauró la Firma Electrónica Avanzada.

Agregó que la transición para dejar atrás los comprobantes impresos no fue repentina, sino que inició en 2010, que el SAT ofrece acceso a internet y asesoría a los interesados en darse de alta y que las personas físicas dedicadas a agricultura, pesca o ganadería con ingresos anuales menores a un millón 65 mil pesos no están obligadas a expedir comprobantes digitales.

«La expedición de comprobantes digitales permite tanto a las autoridades como a los sujetos pasivos corroborar la veracidad de las operaciones de una manera más rápida y efectiva, lo que conduce a tener una mayor certeza y control de las actividades tributarias de los contribuyentes por parte de la autoridad, lo cual repercute indudablemente en beneficio de la actividad recaudatoria del Estado».

Las filiales de Iusacell –ahora parte de AT&T– alegaban que los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación en su versión vigente violan la garantía de proporcionalidad tributaria, pues no se pueden deducir gastos sin el comprobante digital pese a que muchos proveedores no tienen los recursos para expedirlos.

«El legislador dejó de considerar que el 64 por ciento de la población no tiene acceso a internet, por lo que materialmente es imposible que expidan comprobantes fiscales digitales por internet, y en consecuencia, es imposible para la autoridad lograr el control electrónico del cumplimiento de las obligaciones de este alto porcentaje de la población».

Agregaron que es incongruente que se busque alentar la formalidad con este tipo de medidas de «supuesta» simplificación administrativa, cuando precisamente el comercio informal es el que menos acceso tiene a medios tecnológicos.

Para la Corte, que aprobó un proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, el Congreso justificó correctamente su decisión de transitar al régimen digital, pues solo en 2012, creció en 276 por ciento la emisión de comprobantes digitales.